El Centro de Sostenibilidad Socioambiental Loyola valora la entrega de los primeros títulos al Estado dominicano y plantea que la protección legal debe traducirse en conservación efectiva, seguridad hídrica y justicia social.
El Centro de Sostenibilidad Socioambiental Loyola (CSSL) valoró como un paso trascendental para la protección del patrimonio natural dominicano la entrega al Estado de los primeros seis títulos de propiedad correspondientes a terrenos estatales ubicados dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora y la Reserva Forestal Loma Novillero, que conjuntamente comprenden una superficie de 12,351,556.05 metros cuadrados.
Para el CSSL, esta decisión representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de las áreas protegidas, al contribuir a prevenir ocupaciones ilegales, reducir la fragmentación de los ecosistemas y proteger territorios que pertenecen al patrimonio natural de todos los dominicanos.
El Centro considera que la protección jurídica de la Montaña La Humeadora reviste una importancia estratégica para San Cristóbal y para el país por su extraordinario valor ecológico e hídrico.
En esta zona de la Cordillera Central nacen más de 16 ríos y 71 arroyos, entre ellos los ríos Mahoma y Mahomita, cuyas aguas tributan a las presas de Jigüey y Aguacate, convirtiendo este territorio en una pieza fundamental dentro del sistema hídrico de la nación.
La conservación de La Humeadora trasciende, por tanto, la protección de un espacio natural. Significa preservar fuentes de agua, ecosistemas, biodiversidad, actividades agropecuarias y las condiciones ambientales que sostienen a comunidades de San Cristóbal, Villa Altagracia, el Gran Santo Domingo y otras zonas del sur del país.
Proteger La Humeadora es proteger el agua y la vida
Desde esta perspectiva, el CSSL entiende que la montaña debe ocupar un lugar central en las agendas de investigación científica, educación socioambiental y participación ciudadana. Su conservación requiere vigilancia permanente, generación de conocimiento, educación ambiental y una participación activa de las comunidades, las instituciones académicas, las autoridades y las organizaciones sociales.
El CSSL también valoró positivamente la creación, mediante el Decreto 581-26, de la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación de los Terrenos Estatales Ubicados en Áreas Protegidas.
A juicio del Centro, esta instancia representa una oportunidad para que el país avance hacia una política de Estado capaz de garantizar que los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas tengan un respaldo territorial, registral y administrativo efectivo.
El CSSL llama a que este proceso avance con firmeza, transparencia, rigor técnico y continuidad, de manera que la titulación no constituya un acto aislado, sino parte de una estrategia nacional de protección de los ecosistemas.
En ese sentido, considera necesario que el proceso alcance progresivamente todos los terrenos estatales situados dentro de las áreas protegidas del país, sin privilegios ni excepciones, mediante mecanismos de identificación territorial, georreferenciación, saneamiento catastral y registral, vigilancia ambiental y aplicación efectiva de la normativa.
La declaración legal de un área protegida constituye un punto de partida; su verdadera protección se materializa cuando existe capacidad institucional para garantizar su integridad territorial y evitar ocupaciones, construcciones y proyectos incompatibles con los objetivos de conservación.
Proteger el territorio también implica proteger a las comunidades
El CSSL subraya, sin embargo, que la firmeza en la protección ambiental debe estar acompañada de justicia social.
La defensa de las áreas protegidas no puede traducirse en desamparo para las familias que habitan o desarrollan medios de vida en estos territorios, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Por ello, toda intervención debe contemplar censos sociales, diálogo con las comunidades, evaluación de derechos, debido proceso y alternativas dignas de vivienda, producción e ingresos, de manera que la conservación sea compatible con la dignidad humana.
Al mismo tiempo, el Centro considera importante diferenciar entre las familias que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad y quienes promueven el tráfico de terrenos, la especulación inmobiliaria o la explotación irregular de territorios protegidos. La aplicación de la ley debe ser particularmente firme frente a estas prácticas que amenazan el patrimonio natural de la nación.
El Centro de Sostenibilidad Socioambiental Loyola manifestó su disposición de respaldar las actuaciones de la Comisión Presidencial y de contribuir, desde sus capacidades educativas, científicas, investigativas y socioambientales, a los procesos de sensibilización, generación de conocimiento, participación comunitaria y conservación de los ecosistemas.
Centro de Sostenibilidad Socioambiental Loyola (CSSL)
Instituto Politécnico Loyola
